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En estos años de crisis que estamos viviendo, muchas empresas han bajado la persiana y las que han podido readaptarse a las circunstancias son las que han sobrevivido. Esa readaptación también se ha dado en muchos casos a nivel de los trabajadores como unos miembros más de la cadena de valor de las empresas. Pero, ¿qué pasa entre los trabajadores públicos?

El hecho de que los trabajadores públicos hayan tenido que superar unas oposiciones y que la definición de los puestos de trabajo se encuentren tan extensamente descritos en la convocatoria de las mismas produce una inflexibilidad en la gestión del personal de las instituciones públicas a la hora de readaptarse a las situaciones difíciles.

En una empresa privada siempre existen opciones legales para la recolocación del personal, proponiendo a los mismos trabajadores una modificación de las tareas a realizar, siempre y cuando se pueda contar con cierta flexibilidad por ambas partes. Siempre existen trabajadores que prefieren discurrir por enfrentamientos legales ante estas situaciones de “modificaciones sustanciales del contrato de trabajo” pero ¿de qué sirve no poder mantener el puesto de trabajo por un pequeño esfuerzo?

Por otro lado, sí que es verdad que existen prácticas empresariales llevadas a cabo por “malos empresarios” que intentando aprovechar la época de crisis que vivimos y el miedo a perder el empleo que sufren muchos trabajadores, exprimen las situaciones laborales rozando el límite de la legalidad. A largo plazo todo pasa factura, y actuaciones así no hace sino crear una mala imagen de la empresa y del empresario, y más hoy en día donde la comunicación digital permite dar a conocer con gran rapidez dichas prácticas.

Al final en todo el entorno laboral hay que dejar que reine la ética, el sentido común y el civismo. La base legislativa laboral debe servir para realmente defender los derechos tanto de trabajadores como empresarios pero antes de llegar a ello conviene luchar por aportar cierta ética a esta relación. El entorno laboral es el lugar en el que se pasa la mayor parte del día y si no se desarrolla de forma agradable…¿de qué nos sirve?

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En estos últimos días no paramos de conocer las detenciones llevadas a cabo de los miembros del portal MegaUpload, sobre los cuales el FBI lleva realizando un estrecho seguimiento desde hace 5 años. Una vida de derroche llevada al límite, el uso de paraísos fiscales para almacenar tamaña fortuna y el error de usar algunos servidores en terreno estadounidense son los desencadenantes que han hecho que los propietarios de MegaUpload se encuentren en prisión preventiva.

La ley SOPA y PIPA es la versión americana de la famosa Ley Sinde en España. No es más que una persecución e intento de control de todas las plataformas de Internet cuyo modelo de negocio es el intercambio de archivos. Atendiendo a que esos archivos pueden tener derechos de autor, se vulneran las libertades individuales en pro de la defensa de esta minoría (los autores de contenidos).

El problema surge a raíz de que algunos sectores, como el de los contenidos culturales en este caso, son incapaces de adaptarse a los cambios en su entorno. El gran crecimiento de Internet produjo un cambio en la forma de compartir contenidos, pasando a realizarse de una forma más global y libre. Pero este sector, lejos de adaptarse a estos nuevos cambios con alguna transformación de su modelo de negocio ha preferido combatirla mediante la influencia política que este sector tiene (en multitud de países).

La no aprobación de las leyes SOPA y PIPA en Estados Unidos demandaban por parte del sector de contenidos culturales algún golpe de inmediato, lo cual se ha traducido en la detención de los miembros de MegaUpload. No obstante, estas acciones contra los internautas no van sino a producir una rebeldía a nivel mundial que se traduce en el colapso de páginas gubernamentales por parte de agrupaciones digitales como Anonymous y la proliferación de páginas similares con alguna alternativa que vulnere dicho control.

No es la primera vez que plataformas de intercambio de archivos se ven afectadas por las presiones gubernamentales, ya que en 2001 se llevaron a cabo acciones similares sobre lo que en aquel entonces proliferaba, el P2P, materializado en la plataforma Napster.

Y por alternativa a todo esto existe el caso de adaptación llevado a cabo por la mayoría de televisiones en España, creando plataformas on-line para el consumo de sus contenidos e incluso pudiendo gestionar la publicidad para que resulte un modelo de negocio rentable. ¿Por qué no hacerlo con las películas?

El caso MegaUpload no es un problema aislado, se trata de mucho más, es un problema de fondo en el que todos los que somos usuarios de Internet nos vemos afectados. Todo ésto es una revolución imparable y hay que adaptarse a ella para poder permanecer y no alterar artificialmente dicho proceso por intereses sectoriales.

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